Después de que la administración del presidente Javier Milei intimó a una serie de gremios a pagar por los gastos por el operativo durante la movilización del pasado 27 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) salió al cruce y aseguró que esa medida "no condicionará al movimiento obrero organizado".
"La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga", sostuvo en un comunicado.
La central obrera consideró esa acción del Ministerio de Seguridad como una "afrenta ilegítima y contraria a la Constitución" que "expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento".
Pero advirtió que esa intervención oficial "no condicionará al movimiento obrero organizado".
Por último, consideró que las intimaciones como una "nueva provocación" del Gobierno y un "nuevo intento" de "acallar toda manifestación de protesta de los trabajadores organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país".